El Instituto para la Transición (ITJ) ha presentado la delimitación definitiva de los convenios de transición en marcha, que amplía los territorios incluidos. Esta actualización, fruto de las aportaciones recibidas en los procesos participativos desarrollados en cada zona y de una evaluación externa, no solo considera la afectación de los últimos cierres de las minas y las centrales al empleo, sino también a las rentas salariales y la acumulada tras décadas de paulatino cese de la actividad.
En el caso de Aragón, a los municipios de Andorra Sierra de Arcos (Andorra, Ariño, Estercuel, Alloza, Ejulve, Gargallo, Crivillén, Oliete y Alacón) Alcorisa y Foz Calanda se suman ahora todos los del Bajo Martín (Albalate del Arzobispo, Híjar, Samper de Calanda, Urrea de Gaén, La Puebla de Híjar, Castelnou, Jatiel, Azaila y Vinaceite), parte de los pueblos del Bajo Aragón (Berge, Calanda, la Mata de los Olmos, Los Olmos y Seno), parte de Cuencas Mineras (Utrillas, Cañizar del Olivar, Escucha, Montalbán, Palomar de Arroyos y Casel de Cabra) dos del Maestrazgo (Castellote y Molinos) y Escatrón, en la Ribera Bajo del Ebro.
Junto a la zonificación, el ITJ ha anunciado que prosigue con el desarrollo de los 13 convenios de transición justa en marcha en la actualidad. En los procesos de participación pública se han recabado más de 1.400 ideas, propuestas y proyectos presentados por más de 500 agentes sociales. En Aragón se han recabado 114 propuestas de 67 agentes del territorio.
El Plan de Acción Urgente
Como parte del Marco Estratégico de Energía y Clima aprobado por el Gobierno de España en 2019, la Estrategia de Transición Justa tiene como objetivo que la evolución hacia una economía más ecológica y baja en carbono no deje atrás a las personas y los territorios más afectados.
Con este fin se puso en marcha el Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021, iniciativa con la que dar respuesta al cierre de explotaciones mineras minas a 31 de diciembre de 2018, así como de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares. Fruto de este son los Convenios de Transición Justa que se aplicarán en aquellas zonas en los que los cierres puedan tener un alto impacto en términos de empleo y actividad económica.
Así, y para detectar los proyectos y propuestas susceptibles de formar parte de estos convenios, a lo largo de los últimos meses se han puesto en marcha distintos procesos de participación pública en cada uno de las zonas afectadas. A estos fueron convocados administraciones públicas (autonómicas y locales), empresas y organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales, agencias de desarrollo, Grupos de Acción Local y demás entidades interesadas o afectadas.
Fuente : www.lacomarca.net
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